El freno regulatorio de 2027: El dilema entre la eficiencia energética y el bolsillo de la clase media
El origen de la tensión: El calendario regulatorio de 2027
La controversia comenzó a gestarse con la fijación de la nueva fase de la Ley de Eficiencia Energética, programada para entrar en vigencia el primer día hábil de enero de 2027. La normativa establece un salto exigente: elevar el rendimiento referencial de los vehículos de 18,8 a 22,8 kilómetros por litro de gasolina equivalente, lo que representa un incremento del 21,3% en la exigencia.
Este cambio se suma a la adopción del ciclo internacional de medición WLTC —implementado en octubre de 2025—, el cual ya había introducido estándares de homologación sensiblemente más estrictos para el mercado automotriz local.
2 de noviembre de 2026: La ANAC da la voz de alarma
El panorama cobró dramatismo público el 2 de noviembre de 2026 en Santiago, cuando la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) dio a conocer los resultados de su análisis técnico sobre el impacto de la medida.
El diagnóstico del gremio fue tajante: si la exigencia se aplica tal como está prevista, más de 800 modelos de entrada desaparecerán del mercado chileno. La restricción afectaría de manera casi total a los vehículos a combustión interna por debajo de los $15 millones —los más demandados por la clase media, pymes y trabajadores independientes— e incluso dejaría fuera de estándar a los vehículos híbridos convencionales disponibles hoy en el país.
Según las estimaciones presentadas por el gremio ante el Ministerio de Hacienda:
- Incapacidad de absorción de costos: La adecuación tecnológica encarecería cada unidad entre US$ 3.500 y US$ 5.000.
- Proyección de ventas: Las ventas anuales podrían caer en hasta 80.000 unidades en 2027, lo que equivale a una cuarta parte del mercado proyectado para 2026 (estimado entre 310.000 y 320.000 vehículos).
- Impacto comercial y fiscal: Se calcula una contracción de US$ 1.760 millones en la actividad del sector, una pérdida de recaudo de US$ 281 millones en IVA y US$ 20 millones menos por concepto de impuesto verde y permisos de circulación municipales.
- Sanciones: Las marcas enfrentarían multas estimadas en US$ 75 millones anuales.
“Si más de 800 modelos de entrada salen del mercado, el impacto puede convertirse en un misil al bolsillo de la clase media. Hablamos de familias que necesitan llegar al trabajo y de emprendedores que dependen de un vehículo para generar ingresos.”
— Sebastián de Cárcer, presidente de ANAC.
El impacto encadenado: Concesionarios y empleos en riesgo
Durante la presentación de los antecedentes, la directiva del gremio enfatizó que las consecuencias no se detendrán en los precios de sala de venta. Tras cuatro años consecutivos de cifras por debajo de lo esperado, la red de concesionarios opera con márgenes estrechos y procesos de reorganización en marcha.
La eventual caída de la actividad en 2027 amenaza la estabilidad de una cadena de valor que abarca logística, repuestos, servicios y concesionarias regionales, poniendo en riesgo parte de los más de 115.000 empleos directos que genera el sector.
Asimismo, la ANAC advirtió sobre la “paradoja ambiental”: si los altos costos impiden a las familias renovar su automóvil, estas postergarán la compra y continuarán circulando en vehículos antiguos, más gastadores y contaminantes, lo que terminaría neutralizando los beneficios ambientales teóricos de la ley.
Las propuestas del gremio sobre la mesa
Frente al congelamiento de decisiones de importación para el año 2027 —decisiones que las casas matrices y distribuidores deben tomar en el presente—, la ANAC presentó formalmente un paquete de propuestas dirigidas a las autoridades:
- Prórroga del estándar: Mantener el estándar referencial actual de 18,8 km/l durante los años 2027 y 2028.
- Medición local: Conservar el ciclo WLTC y utilizar el periodo 2027-2028 para recolectar datos reales y comparables en el Centro de Control y Certificación Vehicular (3CV) en Maipú.
- Reforma a la ley: Transitar gradualmente hacia un esquema medido en gramos de CO₂ por kilómetro recorrido, establecer un mercado de créditos verdes intercambiables entre marcas e incentivar la carga eléctrica domiciliaria y pública.
- Revisión arancelaria: Eliminar o adecuar los cobros arancelarios que en 2025 significaron un sobrecosto de US$ 10,1 millones para los vehículos híbridos y eléctricos debido a la falta de actualización en los tratados de libre comercio.
La cuenta regresiva hacia fin de año
A la fecha de la declaración, los planteamientos del sector privado se encuentran a la espera de una respuesta formal por parte del Gobierno.
Diego Mendoza, secretario general de ANAC, subrayó la urgencia de alcanzar un acuerdo vinculante antes de que concluya el año 2026, señalando que la indefinición regulatoria paraliza las cuotas de abastecimiento y la planificación comercial del próximo año. El gremio sostiene que la transición hacia la electromovilidad y la eficiencia debe conciliar las metas de descarbonización con la capacidad real de pago de las familias chilenas.
